La Unión de Profesionales electorales para que se pueda y Trabajadores Autónomos (UPTA) pedirá urgentemente al Gobierno central la modificación de la ley de bases que regula las cámaras de comercio para que se suprima la cuota que estos profesionales tienen que abonar obligatoriamente. El colectivo ya formalizó esta propuesta hace ahora un año, cuando celebró su congreso, pero en vista del resultado obtenido ha decidido volver a la carga. Reclama la eliminación de la cuota para las personas físicas que ejercen una actividad económica por cuenta propia(2,1 millones ciudadanos en España), y para más del 90% de las empresas con actividad.
UPTA denuncia que las cá maras se han convertido en las entidades más obsoletas e ineficaces de todo el entramado institucional. Sin embargo, se muestra partidaria de aceptar la participación voluntaria de sus afiliados en los procesos electorales para que se pueda defender la correcta utilización de la cantidad de fondos públicos que reciben estas instituciones.
Las relaciones entre el colectivo de autónomos y las entidades camerales no pasan por el mejor momento. El proyecto de ley que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, promovida por el Gobierno y por este colectivo, reconoce nuevos derechos a estos trabajadores (cotizar por paro, por ejemplo). UPTA denuncia que esta iniciativa no ha contado con el respaldo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que lidera el ex ministro socialista Javier Gómez Navarro.
Según esta organización, las en cámaras creen que antes de elaborar un estatuto del autónomo debería pergeñarse un marco igual para la empresa. Al margen de esta polémica, el secretario general de UPTA Galicia, Eduardo Abad Sabarís, argumenta que las propuestas del colectivo que representa están llenas de lógica y sensatez. «Las cámaras nunca han hecho nada por nosotros. Los servicios que prestan también los damos nosotros. Tenemos cursos, formación, asesoramiento... ¿Por qué tenemos que pagar una cuota obligatoria por nada», se pregunta.
Presión política
Este pequeño empresario advierte de que la supresión de este pago es un asunto muy complejo. Según explica, las cámaras son entidades de derecho público reguladas por ley. «Ante esta situación, la única alternativa que nos queda es ejercer presión política al Gobierno», aclara.
Los autónomos apelan al argumento de que la cuota obligatoria contraviene el derecho a la libre asociación, lo que coloca a las cámaras en una situación «de anacronismo impropia para los tiempos que corren». «Nosotros reclamamos que se modernicen y para eso es indispensable la afiliación voluntaria», añade Abad Sabarís. Los autónomos de otras autonomías también han reaccionado con dureza contra el modelo vigente.
Koldo Méndez, secretario general de UPTA del País Vasco, afirma que el colectivo de pequeños profesionales ve el pago obligatorio «como una agresión» porque se trata de «financiar algo que no aporta absolutamente nada».
Las nueve instituciones camerales que hay en Galicia recaudan al año nueve millones de euros en cuotas, y manejan un presupuesto que asciende al doble, dadas las subvenciones públicas que reciben. Según los datos recabados por este periódico en las entidades, durante el 2006 sus gastos de personal se llevarán unos seis millones de euros, frente a los tres que se destinarán a tareas de comercio exterior. Es decir, que las cámaras gastan más en la burocracia interna que en financiar la internacionalización de las empresas, una de las misiones para las que están operativas.
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El 80% de los autónomos no se sienten identificados con las cámaras de comercio. En el fondo de sus quejas está la tasa cameral, cuya abolición, solicitada por escrito al Gobierno, podría no estar tan lejos.
De momento, el Ejecutivo ya se plantea la posibilidad de reformar el pago de la cuota. «En ningún momento se piensa en eliminada, pero sí se barajan ideas para que el abono deje de ser obligatorio», explican fuentes parlamentarias.
La idea con la que trabaja el Gobierno sería introducir la modificación correspondiente en la Ley de Cámaras de Comercio mediante un decreto. Pero que nadie eche las campanas al vuelo. Las mismas fuentes aclaran que la cosa va para largo. «De momento, sólo están dando pasos en el campo de las ideas», advierten.
Y es que el Ejecutivo de Zapatero tendrá que moverse en este asunto con pies de plomo para no herir susceptibilidades en la cúpula de las cámaras de comercio que preside Javier Gómez-Navarro, ex ministro de Comercio socialista.
El modelo que eximida a los autónomos de pagar la cuota estaría inspirado en el seguido para la supresión del IAE. De modo que la obligatoriedad se limitaría a las grandes empresas que, en teoría, son las que se benefician en mayor medida de las misiones comerciales, aunque no todas acceden a ellas. Según esta fórmula, quedarían exentos del pago los pequeños negocios.
«A día de hoy no hay nada sobre el papel, pero no cabe duda de que es una medida que parte de la lógica», admite Manel Más portavoz socialista de Comercio en el Congreso.
Los trabajadores por cuenta propia. por su parte, advierten de que la supresión de la cuota es su prioridad, tras la aprobación de la Ley del Estatuto del Autónomo. «Las cámaras no representan a los autónomos, defienden a la gran empresa. No queremos pagar la cuota cameral», insistió ayer en Vigo Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales Traballadores Autónomos).
Esta negativa a pagar la tasa es lo que ha llevado a un empresario a pleitear durante nueve años contra la Cámara de Comercio de Madrid hasta que el Tribunal Constitucional reconoció el pasado mes de octubre su derecho a no asociarse a la entidad. El Constitucional corrige una primera sentencia de la -sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, favorable a la Cámara de Comercio de Madrid en la que se le obligaba a pertenecer a ella.
Entidades camerales y patronal incrementan la burocracia en las misiones internacionales
La patronal y las cámaras de comercio suscribieron ayer en Madrid un acuerdo de colaboración en el ámbito de la internacionalización de las empresas. En virtud de este pacto, las entidades camerales y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizarán de forma conjunta los actos y las delegaciones empresariales en los viajes de Estado y en las visitas de personalidades extranjeras a España.
Cuando se celebren este tipo de eventos, la patronal y las corporaciones promoverán una delegación conjunta o un solo acto institucional. Pero para hacer esto, las cámaras y la CEOE han decidido incrementar aún más la burocracia que rodea a todo este proceso con la .creación de una comisión que se encargará de establecer, de forma consensuada, las líneas directrices y los acuerdos de colaboración.
En ese nuevo grupo de trabajo habrá seis miembros: por parte de las cámaras estarán un vicepresidente, el director general y el director de relaciones internacionales del consejo superior; en representación de la patronal formarán parte de la comisión el vicepresidente de la CEOE, su secretario general y el director de relaciones internacionales.
Hasta ahora, las cámaras y las organizaciones empresariales se han disputado la organización de misiones comerciales en viajes de Estado. Durante la época en que Aznar fue presidente, las entidades camerales eran las que se encargaban de estos trabajos. Pero la llegada de Zapatero al poder en marzo del 2004 supuso un cambio de rumbo. Entonces ostentaba la presidencia de las cámaras un hombre afín al PP, José Manuel Fernández Norniella, y el Ejecutivo socialista decidió darle el poder de organización de las misiones a la patronal.
La llegada de Javier Gómez Navarro (ex ministro socialista) a la presidencia del consejo superior propició un nuevo giro que devolvió la competencia a estas corporaciones de derecho público. Ahora, las cámaras y la patronal han decidido repartirse la tarta y evitar así enfrentamientos.
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